El papel que juega la infraestructura en el desarrollo de América Latina en general y de cada país que la compone en particular, es fundamental, ya que ella puede potenciar o impedir este desarrollo.

De todos los sectores que hemos considerado dentro de infraestructura y que son telecomunicaciones, energía, transporte, agua y alcantarillado; se observa que a nivel latinoamericano es en infraestructura de transporte donde se encuentran las mayores carencias.

La infraestructura de transporte se refiere a la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, la cual es determinante en el desarrollo del comercio y comunicación de los países latinoamericanos entre sí y con el resto de los países del mundo, es decir, es determinante de su competitividad.

En el año 2000, durante la realización de la Primera Reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno Sudamericanos, el Presidente de Brasil lanzó una iniciativa apoyada por todos los gobiernos para que en 10 años América sea una tierra conectada. Esto presenta un gran desafío para aquellos países con deficiente desarrollo de esta infraestructura, mientras que otros ya llevan años en este proceso.

De acuerdo a estudios del BID, se estima que para cada 1% de crecimiento en el PIB, la inversión en infraestructura debería crecer un 1% del PIB. En base a lo anterior, es posible determinar que si en el año 2000 el PIB de Latinoamérica fue de US$ 1.998.650 millones, con un crecimiento estimado de 4,0%, las necesidades de infraestructura en Latinoamérica son de US$ 79.946 millones anuales.

De acuerdo a esta estimación, la necesidad anual de infraestructura de Brasil sería de US$ 28.628 millones, la de México US$ 22.124 millones y la de Argentina US$ 12.000 millones, mientras que países como Venezuela, Colombia, Chile y Perú tienen necesidades de infraestructura entre US$ 4.100 millones y US$ 2.100 millones.

Frente a esta situación los gobiernos requieren invertir grandes sumas de dinero en el desarrollo de estas áreas. Sin embargo, los gobiernos no cuentan con esos recursos y tampoco pueden dedicarse exclusivamente a realizar las grandes obras de infraestructura.

Es por eso que algunos gobiernos ya han dado pasos para incorporar al sector privado en el financiamiento de los proyectos de infraestructura.

La participación del sector privado y, específicamente, de los fondos de pensiones privados en el financiamiento de proyectos de infraestructura genera efectos positivos para todo el país, ya que al invertir en infraestructura se mejora la calidad de vida de las personas, se aumenta la competitividad del país y se genera un mayor crecimiento económico. Del mismo modo, los fondos de pensiones pueden lograr una mayor diversificación de riesgos en su cartera, pueden incorporar en su cartera inversiones de largo plazo y lograr una rentabilidad adecuada.

A nivel de Latinoamérica, los fondos de pensiones acumulados a marzo de 2001 alcanzan los US$ 85.936 millones. Lo anterior, sólo si se consideran aquellos países que han reformado su sistema de pensiones, incorporando el régimen de ahorro y capitalización individual en forma obligatoria. Si además consideramos aquellos países latinoamericanos que han incorporado este régimen como voluntario, se tiene que los fondos de pensiones en Latinoamérica alcanzan los US$ 156.395 millones.

A continuación, detallaremos la forma en que se ha dado la participación de los fondos de pensiones en el financiamiento de proyectos de infraestructura en distintos países latinoamericanos, comenzando por el caso de Chile, país en el cual el sistema de ahorro y capitalización individual lleva 20 años operando y es uno de los países latinoamericanos con mayor experiencia en este tipo de inversiones.

En Chile, el proceso de incorporación del sector privado en el financiamiento de proyectos de infraestructura se ha dado en dos etapas. La primera de ellas consistió en la compra de acciones y bonos de empresas privatizadas por el Estado. La segunda etapa considera la inversión de los fondos de pensiones en empresas privatizadas de nuevos sectores y en las concesiones de algunos proyectos de infraestructura por parte del gobierno.

Primera Etapa: Privatización de Empresas.

En Chile, en los años 80, el gobierno inició el proceso de privatización del sector eléctrico y telecomunicaciones, que hasta entonces estaban bajo su administración. En esta etapa, la participación de los fondos de pensiones en las empresas privadas encargadas de la administración de estos sectores se da a través de la inversión en acciones y bonos emitidos por estas empresas.

CUADRO 1

Como se observa en el cuadro 1, la inversión de los fondos de pensiones en estas empresas, al 31 de marzo de 2001 alcanza los US$ 1.068 millones en el sector eléctrico y US$ 1.215 millones en el sector telecomunicaciones, con una inversión total en las empresas privatizadas de estos sectores de US$ 2.283 millones, lo que representa un 6,38% del total de fondos de pensiones privados administrados al 31 de marzo de 2001.

La inversión de los fondos de pensiones en las empresas privatizadas del sector eléctrico y telecomunicaciones tuvo gran importancia en la primera mitad de los años 90, en los cuales se invirtió un porcentaje importante de los fondos de pensiones en las empresas de estos sectores. Asimismo, fueron estas inversiones las responsables, en gran medida, de la alta rentabilidad alcanzada por los fondos de pensiones en la primera mitad de los años 90. En estos años se llegó a invertir el 17,63% de los fondos en empresas del sector eléctrico y el 6,22% en las del sector telecomunicaciones.

Segunda Etapa: Privatizaciones y Concesiones.

Durante los años 90 tiene lugar una segunda etapa para la inversión de los fondos de pensiones en proyectos de infraestructura, caracterizada por la inversión de los fondos en empresas privatizadas y empresas concesionarias de proyectos de infraestructura (Figura 1).

cuadro dos

Como muestra el cuadro 2, al 31 de marzo de 2001, la inversión de los fondos de pensiones privados es de US$ 39 millones en el sector sanitario y US$ 317 millones en infraestructura (vial, aeroportuaria y portuaria); con un total de US$ 356 millones invertidos en estos sectores, lo que representa un 1% de los fondos de pensiones.

Esta inversión se realiza por medio de la compra de acciones y bonos de las empresas privatizadas, bonos de infraestructura de empresas concesionarias y cuotas de Fondos de Inversión Inmobiliarios y de Desarrollo de Empresas, los cuales a su vez invierten los recursos en determinados proyectos sanitarios y de infraestructura.

A través de los Fondos de Inversión, las AFP invierten a la fecha en siete proyectos de infraestructura, tres de ellos corresponden a concesiones viales (Ruta 78: Santiago - San Antonio, Camino La Madera, Ruta 5: Temuco - Río Bueno) que abarcan 390 km y requieren una inversión total de US$ 277,4 millones, y los otros cuatro corresponden a concesiones aeroportuarias que requieren una inversión total de US$ 25,3 millones.

Con respecto a los Bonos de Infraestructura, se trata de documentos de deuda, sin opción de prepago, que fueron creados especialmente para facilitar la inversión del sector privado en proyectos de concesiones. Se expresan en UF (Unidades de Fomento) y su plazo dependerá del plazo que tenga la concesión (8, 12, 25 años). Estos bonos son emitidos por los propios concesionarios de obras viales y están garantizados en un 100% por pólizas de seguro de Compañías Aseguradoras Extranjeras, aislando de esta forma los bonos de los riesgos inherentes a la construcción y operación de la obra. Es decir, estos bonos se pagan a todo evento, independiente de los problemas que se puedan producir en la empresa concesionaria.

cuadro tres

 

Al 31 de marzo de 2001, las AFP chilenas tienen US$ 284 millones invertidos en estos bonos, los que van a financiar en forma directa los proyectos Ruta 5 tramo Talca - Chillán, Ruta 5 tramo Chillán - Collipulli y Ruta 5 tramo Collipulli - Temuco. Las características principales de los bonos de infraestructura emitidos para financiar estas obras se detallan en el cuadro 3.

Se trata de bonos de largo plazo (9, 20 y 20,5 años respectivamente), reajustables en UF y que pagan intereses, reajustes y amortizaciones en forma semestral. Además poseen una clasificación de riesgo "AAA".

En total se han emitido bonos de infraestructura por UF 20.221.000, aproximadamente US$ 539,3 millones, de los cuales las AFP poseen US$ 283,7 millones, es decir, las AFP poseen el 52,6% de estos instrumentos.

En conclusión, podemos señalar que los fondos de pensiones pueden financiar proyectos de infraestructura invirtiendo en los siguientes instrumentos:

- Acciones de Empresas (Privatizaciones del sector eléctrico, telecomunicaciones y sanitario).

- Bonos de Empresas (Endeudamiento directo):

- Con historia (mínimo 2 - 3 años)

- Sin historia: Bonos de Infraestructura (tienen por finalidad re - financiar las inversiones en carreteras)

Fondos de Inversión:

- Inmobiliarios

- De Desarrollo de Empresas

Instituciones Financieras:

- Depósitos a Plazo

cuadro cuatro

Al analizar con mayor detalle los instrumentos con los que actualmente cuentan los fondos de pensiones chilenos para invertir en proyectos de infraestructura, encontramos que al tratarse de un ahorro que tiene por finalidad financiar pensiones de vejez, deben cumplir una serie de restricciones en sus inversiones que dificultan la inversión en obras de infraestructura:

1.- La inversión en acciones y bonos de empresas presenta ciertas complejidades cuando se trata de empresas sin historia representativa, es decir, empresas que no tienen 3 años de balances auditados y los dos últimos con utilidades operacionales.

2.- Los fondos de inversión no tienen grandes restricciones y se utilizan principalmente para participar como accionistas en consorcios empresariales que participan en la construcción y desarrollo de obras de infraestructura. Normalmente, estas inversiones son por montos no muy elevados y de empresas con y sin historia.

En el cuadro 4 se pueden ver los instrumentos en los cuales es posible invertir los fondos de pensiones chilenos para financiar en forma directa o indirecta proyectos de infraestructura. En él se especifican los límites de inversión en cada uno de los instrumentos y el porcentaje de los fondos de pensiones actualmente invertidos. Con esto, es posible determinar la holgura existente en los distintos instrumentos, la cual podría ser destinada a financiar proyectos de infraestructura.

Actualmente, de acuerdo al programa de concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile, existen 11 proyectos en proceso de licitación y dos en adjudicación, con lo que se espera una inversión privada de US$ 1.869 millones durante este año y los próximos para la realización de estos proyectos.

En la actualidad, son pocos los países latinoamericanos que invierten los fondos de pensiones en proyectos de infraestructura. En la mayoría de ellos el monto invertido es difícil de cuantificar y en los casos en que se ha podido determinar se trata de un porcentaje bajo en relación al total de fondos administrados.

También se observa que la participación en este tipo de inversiones se está dando en una forma similar a como sucedió en Chile, es decir, en un primer momento a través de la compra de instrumentos de empresas privatizadas y luego por medio del financiamiento de empresas concesionarias encargadas de desarrollar proyectos de infraestructura. Sin embargo, la inversión en proyectos concesionados aún es escasa y casi nula.

Es importante destacar también la falta de normativas que faciliten la inversión de los fondos de pensiones en proyectos de infraestructura.

A continuación se detalla la experiencia de algunos países latinoamericanos en este tipo de inversión.

Argentina.

En Argentina, la Ley 24.241 establece en forma específica la participación de los fondos de pensiones en proyectos de infraestructura. En el artículo 74 establece lo siguiente:

"El activo del fondo de jubilaciones y pensiones se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrán invertir el activo del fondo administrado en:

o) Obras públicas de interés nacional o regional, de infraestructura y servicios públicos, de utilización de mano de obra intensiva o que promuevan el desarrollo de actividades productivas de largo plazo, tengan asegurada suficientemente la restitución y como mínimo las garantías de intangibilidad y rentabilidad previstas en el artículo 40. En estos casos estarán a cargo de la AFJP que cree el Banco de la Nación Argentina, hasta un 30%".

Los instrumentos de inversión autorizados para proyectos de infraestructura son variados y entre ellos se incluyen:

Bonos del Gobierno

Bonos de Empresas

Fideicomisos

Fondos de Inversión Directa

Sin embargo, dado que los instrumentos antes mencionados pueden estar destinados a la inversión en distintos sectores y no solamente en proyectos de infraestructura, es difícil determinar el monto que actualmente destinan los fondos de pensiones privados argentinos a invertir específicamente en infraestructura.

Con respecto a los futuros proyectos de infraestructura, en Argentina se proyecta la realización de un plan vial, el cual requerirá de una inversión de US$ 10.000 millones, lo cual representa una importante fuente de inversión para los fondos de pensiones de este país.

Bolivia.

En Bolivia, la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura no está determinada en forma específica en el Reglamento a la Ley de Pensiones, sin embargo esta es posible por medio de la compra de instrumentos de deuda emitidos por empresas que realizan proyectos de infraestructura.

Este es el caso de las inversiones que actualmente existen de AFP Futuro de Bolivia en infraestructura y que consisten en la compra de bonos de la Empresa Hidroeléctrica Boliviana. Dichos bonos servirán para el financiamiento de un proyecto para la generación de energía hidroeléctrica. La inversión, en valor nominal, alcanza los US$ 22,5 millones. Estos bonos son a un plazo de 4320 días y pagan cupones cada 180 días.

Considerando que los fondos de pensiones bolivianos alcanzan, al 31 de marzo de 2001, los US$ 885,3 millones, la inversión en proyectos de infraestructura representa el 2,54% de estos fondos.

Colombia.

Los fondos de pensiones colombianos tienen permitida su inversión en instrumentos que van a financiar proyectos de infraestructura, aunque esto no se encuentre establecido en forma específica en la ley.

En la actualidad, los fondos están siendo invertidos en proyectos de infraestructura de gran importancia para el desarrollo del país: carreteras, obras de infraestructura y privatizaciones de empresas estatales.

Para el financiamiento de estos proyectos, los fondos de pensiones colombianos pueden invertir en los siguientes instrumentos:

Bonos emitidos por concesiones

Bonos emitidos por entidades de servicios

Titularizaciones de flujos

Acciones en privatizaciones y en capitalizaciones de empresas

Acciones sobre proyectos.

A junio de 1999, el total de fondos invertidos en proyectos de infraestructura alcanzaba los US$ 143 millones, representando un 5,8% del total de fondos administrados a esa fecha. Es importante mencionar que de estas inversiones una parte importante se encontraba en privatizaciones, representando un 34,01% del total de lo invertido en acciones y un 23% del total de los proyectos de infraestructura. De esta forma, el total invertido por los fondos de pensiones en proyectos de infraestructura queda compuesto en un 23% por la compra de acciones de empresas privatizadas y en un 77% por la compra de bonos que van a financiar este tipo de proyectos.

El Salvador.

En El Salvador, los fondos de pensiones no financian en forma específica proyectos de infraestructura del gobierno.

Sólo en los sectores de telecomunicaciones y energía, los cuales están privatizados, los fondos de pensiones realizan inversiones por medio de la compra de acciones de estas empresas.

Por ejemplo, en el caso de AFP Crecer, un porcentaje muy bajo (casi el 0% del total invertido) se destina a la compra de acciones de empresas del sector energía y un 1,54% al sector telecomunicaciones.

México.

En México, la administración de los sectores telecomunicaciones y transporte está en manos de privados, mientras que los sectores energía, sanitario e infraestructura continúan a cargo del Estado. En estos últimos sectores, es posible la participación privada a través de las concesiones realizadas por el gobierno para la distribución y cobranza de los servicios de gas y agua.

Sin embargo, en México los fondos de pensiones no participan en el financiamiento de proyectos de infraestructura y sólo una pequeña parte de las inversiones son destinadas a las empresas de los sectores privatizados.

Perú.

En Perú, la Ley establece un límite de inversión de 4% en "nuevos proyectos", lo que no ha sido reglamentado hasta el momento. Sin embargo, se espera que en los dos próximos meses se publique un reglamento que permita a las AFP invertir en proyectos de infraestructura.

Actualmente, las AFP no realizan inversiones en proyectos de infraestructura, pero están solicitando que se les permita invertir en la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez y en el proyecto de explotación del gas de camisea.

Con respecto a los proyectos de infraestructura existentes en Perú, durante el año 2000 se iniciaron proyectos de infraestructura vial por US$ 542,3 millones. Asimismo, se ha proyectado el inicio de nuevos proyectos para el desarrollo de la infraestructura vial durante los años 2001 al 2005, estimándose que entre los años 2000 y 2005 se realizarán inversiones en proyectos de infraestructura vial por un monto total de US$ 2.983,2 millones.

Uruguay.

En Uruguay, los fondos de pensiones pueden invertir en infraestructura utilizando aquellos instrumentos en que estos fondos tienen permitido invertir. En la práctica, estos instrumentos son:

Obligaciones Negociables

Cuotas de Fondos de Inversión que inviertan o financien proyectos de infraestructura

Acciones de empresas dedicadas al desarrollo de infraestructura.

Sin embargo, aunque está permitido, actualmente los fondos de pensiones no invierten en ningún instrumento que financie proyectos de infraestructura.

De acuerdo a estimaciones, las necesidades de inversión en infraestructura en Uruguay superan los US$ 2.600 millones. Frente a esta situación, el gobierno está estudiando la creación de un fondo de inversión destinado a financiar obras de infraestructura a través de la securitización de los flujos de fondos provenientes de los peajes. Este fondo emitirá cuotas u obligaciones negociables en el mercado de capitales, representando una buena oportunidad para la inversión de los fondos de pensiones.

Una tasa de interés histórica y las expectativas de vida del trabajador y su grupo familiar.

Tienen derecho a optar por la modalidad de Retiro Programado los afiliados o beneficiarios que se definen a continuación: Afiliados que cumplan la edad legal para pensionarse, o cumplan con los requisitos establecidos que se refieren a pensiones de vejez anticipada y pensiones de invalidez. También los beneficiarios de pensión de sobrevivencia (1) causada por un afiliado activo o por un afiliado afecto a pensión de invalidez transitoria cubierta por el seguro. Esta modalidad de pago contempla el pago de una cuota mortuoria (2) y el retiro de excedente de libre disposición (3).

Documento preparado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP.

Teléfono : (56 – 2) 3811723 - 3811717

Fax : (56 – 2) 3812655

E-Mail : fiap@fiap.cl

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